El profesor José Antonio Gómez Yáñez analiza el estudio de impacto social que ha servido a la Generalitat Valenciana para elaborar su proyecto sobre planificación y estructura de la industria del juego. Así es el análisis de Gómez Yáñez:
Hace unos meses cayeron sobre mi mesa tres informes para contribuir a que una Comunidad resolviera un recurso sobre horarios de apertura de locales de juego. Dos de ellos empezaban: “La ludopatía …”. El resto es imaginable.
Hace unos días se publicó el “Informe de impacto social y sobre la salud pública de las instalaciones de juego existentes en la Comunitat Valenciana”, firmado por el Conseller de Hacienda, Economía y Administración Pública. Centrémonos en dos ideas: impacto social y consellería de Economía.
Tienes 38 páginas. Las dos primeras se consumen en el índice, la 3 y la 4 en la Introducción (motivo del estudio, fuentes, competencia). De 5 a la 9 la situación epidemiológica, que constituye así el centro de gravedad del informe. De la 10 a la 35 expone los locales disponibles (máquinas, salones, bingos, locales de apuestas y, ¿casinos?, no, no se incluyen), los antecedentes normativos y otras consideraciones convencionales, con las que la Administración se congratula a sí misma.
La estructura produce extrañeza siendo un documento de la consellería de Economía, se echan en falta el impacto social del sector: clientes (el juego tiene clientes a los que ofrece suerte y entretenimiento), empleo, estructura de empresas, recaudación de impuestos generales (aportación en IRPF de los empleados, Sociedades, IBI, etc.), los impuestos especiales sobre el juego (157 Mill. € en 2024), cotizaciones sociales, los convenios colectivos vigentes que garantizan la calidad del empleo, etc. Nada se dice de esto, que no es una minucia en cuanto a impacto social y económico. Son informaciones clave para sopesar el impacto real de las decisiones administrativas.
Empecemos por los clientes. Los datos nacionales de Juego y Sociedad 2025 mostraron que en 2024 en España jugó el 85,1% de la población entre 18 y 75 años, aplicando este dato a la Comunidad Valenciana arroja 3.216.000 individuos, entre ellos, la mayor parte, clientes de loterías de SELAE y la ONCE. Clientes de juegos de entretenimiento, el 18,7%, que en esta comunidad equivaldrían a 708.000 personas. Cantidades respetables que en ningún caso pueden ser desdeñadas de un estudio de impacto social de cualquier actividad ni, mucho menos, orillarlas como si fueran sospechosas de padecer alguna desviación.
En cuando a la situación epidemiológica recurre a los malhadados estudios ESTUDES y EDADES. Son estudios oficiales, por tanto, tienen marchamo de calidad. Ahora veremos lo inverosímil de sus “datos”. Pero antes, hay algo que se echa en falta en el informe comentado: el número de pacientes atendidos por ludopatía, dato disponible en el Anexo sobre esta comunidad en la Memoria del Plan Nacional sobre Drogas, disponible sin problema (ANEXOS: MEMORIA PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS 2023). Tal Memoria informa de que, en 2023, último dato disponible, había en la comunidad 1.741 individuos en tratamiento, 1.571 hombres y 170 mujeres (pág. 296).
Veamos, en Valencia residen 4.225.025 habitantes mayores de 18 años, centremos un poco más, 3.779.299 entre 18 y 75 años (INE, 2022), una simple división nos dice que la población afectada por ludopatía es el 0,046% de su población entre 18 y 75 años.
El mismo anexo dedicado a la Comunidad Valenciana informa que en 2023 hubo 52.800 pacientes atendidos por adicciones. Es decir, los pacientes por ludopatía suponen el 3,3% del total de atendidos por adicciones.
Estos son los datos concretos, sólidos e incontestables de la situación epidemiológica. Y no parecen convertir los problemas de juego en una prioridad en la política sanitaria por su dimensión, con independencia de que sean pacientes que tienen que recibir atención.
El Informe citado recoge datos de ESTUDES, el estudio habitual sobre la población estudiantil, del que orillaré detalles técnicos. Afirma que el 9,0% de los chavales de 14 a 18 años jugó presencialmente en el último año, que el 8,4% lo hizo online y que nada menos que el 4,1% (la mitad, ¡vaya!) está en “prevalencia del juego problemático”. En cifras: 24.784 jugaría presencialmente, 23.132 online y, nada menos, que 11.291 estarían en riesgo de juego problemático, casi la mitad de los que juegan (¿se mantiene eso en serio?). Cifras que deberían mosquear a los autores (y a los asesores del firmante) de que algo no cuadra. A más, el informe recoge que alrededor del 5% juega loterías de SELAE y la ONCE, algo menos del 5% apuestas, al bingo o en máquinas en bares. Lo increíble roza lo sublime en dos casos: un 2,8% juega juegos de casino y un 1,3% en carreras de caballos, en hipódromos que no existen en Valencia. ¿De verdad alguien cree que estas cantidades de chavales se cuela en casinos, bingos o salones o que los dueños de los bares les dejan jugar en sus máquinas? Basta contrastar estos datos con los de las frecuentes inspecciones de todas las policías y la ínfima incidencia de presencia de menores en locales de juego para comprender que todo esto son errores técnicos en la citada investigación. Que alimentan un discurso, no son errores neutrales. Pero lo peor es que alimentan a las Administraciones con información de baja calidad.
Sobre la encuesta EDADES, para la población entre 15 y 64 años, me ceñiré a sólo un dato: se afirma que el 1,9% está en el nivel de juego problemático. Bien, en la Comunidad hay 3.371.579 residentes entre dichas edades, el 1,9% supondría 64.060 individuos. Es evidente, que si esta cantidad se aproximara lejanamente a la realidad habría un problema social grave, del que nos daríamos cuenta por las calles. (Hace años, allá por 2013, Fernando Prats, en una reunión del Consejo de Juego Responsable de la DGOJ, ante otro dato disparatado, dijo: “Si digo que en Madrid hay 50.000 ludópatas tengo que prohibir el juego”. El dato no era ese, la reunión fue entretenida). Pues eso. El presunto dato es insostenible.
Pongamos las cosas en su sitio. No hay razones para creer que la Comunidad Valenciana presente mayores índices de juego problemático que el conjunto de España. Conviene insistir en que una encuesta no es el procedimiento adecuado para medir este tema, pero es el que utilizamos de forma standard aplicando los cuestionarios DSM-VI y PSGI. En España, en 2024, último dato disponible en Juego y Sociedad 2025, de 0,25% en la población entre 18 y 75 años, es decir, 9.449 individuos en la Comunidad Valenciana. Cifra mucho más razonable y cercana a las 1.751 en tratamiento según el Anexo de la Comunidad Valenciana al Plan Nacional sobre Drogas.
En suma, no son sostenibles las mayúsculas cantidades que pretende sostener este informe, bien redactado, aunque estructurado para colocar en el mostrador los peores datos posibles y alimentar la idea del juego como desviación. No lo es, es sólo un entretenimiento, que llevado a su extremo puede dar problemas, como tantas cosas en esta vida. Pero no deja de sorprender que la consellería de Economía no haya querido detectar sus lagunas “económicas ni pedido poner cifras de población a los porcentajes que se dejan sobre el papel.
Conclusiones:
Primera, el sector del juego debe ser el único en el que las Administraciones que lo regulan se desentienden (seguro que hay excepciones, pero tomemos la licencia a partir del informe comentado) de sus empresas, empleados, impuestos que aportan (para cobrarlos, no), cotizaciones sociales, etc. El foco se pone en un fragmento de la población que supone menos del 0,5% del total y menos del 5% de la población con problemas de adicciones. Un caso extravagante de “miopía administrativa”, la cercanía al objeto observado difumina el campo visual circundante.
Segunda, este discurso lleva a las Administraciones, este informe es un buen ejemplo, a dar por buenas toda clase de medidas restrictivas, por desmedidas, inútiles o contraproducentes que puedan ser, resultado de dar credibilidad y no contrastar “resultados” de estudios cuyas metodologías están sesgadas. Muchas veces basta una calculadora y sentido común para darse cuenta de las cosas no pueden ser.
Tercera, corresponde al sector, sus empresas y asociaciones empresariales, poner negro sobre blanco, informar, de que se trata de un sector económico como cualquier otro. Si sus responsables no aportan datos, nadie lo hará. “Si no dices a lo que te dedicas, alguien lo hará y lo que diga no te gustará … tus competidores y los medios que cubren tu actividad te comerán para desayunar” (Torie Clarke: Lipstick on a pig).
Cuarta, presente en este informe, las Administraciones tienden a atribuirse y atribuir a sus medidas restrictivas los méritos del “control” de los problemas de juego problemático. Pero convendría recordar que el papel de las empresas con sus políticas de juego responsable es fundamental.
